La Liga de Fútbol Femenino llega a un acuerdo de $5 millones por el escándalo de abusos sexuales

Este mes, la Liga Nacional de Fútbol Femenino (NWSL) ha alcanzado un acuerdo histórico de $5 millones de dólares con tres fiscales generales estatales, lo que supone un paso importante en la respuesta al escándalo de conducta sexual inapropiada que sacudió la liga en 2021.

El acuerdo, anunciado el 5 de febrero de 2025, llega tras años de denuncias por parte de los jugadores sobre abusos y conductas indebidas generalizadas por parte de entrenadores y directivos.

El escándalo salió a la luz por primera vez en 2021, cuando varios jugadores revelaron públicamente los años de abusos sufridos a manos de sus entrenadores, entre los que se incluían coacción sexual, tocamientos no deseados, abuso emocional e intimidación.

Tras una investigación independiente encargada por la Federación Estadounidense de Fútbol, se descubrió que los abusos y las conductas sexuales inapropiadas eran sistemáticos en toda la liga. También se descubrió que la NWSL había fallado repetidamente a la hora de proteger a sus jugadoras, e incluso había permitido que funcionarios acusados de conducta inapropiada encontraran empleo en nuevos equipos.

El acuerdo, alcanzado con los fiscales generales de Nueva York, Illinois y Washington D.C., establece un fondo de $5 millones para indemnizar a las jugadoras que sufrieron abusos. El fondo tiene como objetivo proporcionar algún tipo de compensación a las víctimas, aunque ninguna cantidad puede reparar por completo el daño causado. El acuerdo también exige a la NWSL que mantenga y aplique las medidas de protección implementadas tras las investigaciones de 2022.

Entre las figuras clave del escándalo se encuentran las exjugadoras Sinead Farrelly y Mana Shim, quienes denunciaron al exentrenador Paul Riley. Su valentía al alzar la voz provocó cambios significativos en la liga, como el despido de Riley y la renuncia de la comisionada de la NWSL, Lisa Baird.

El acuerdo también otorga a los fiscales generales la autoridad de supervisar la implementación de las nuevas políticas de seguridad y proteger a las jugadoras actuales y futuras. La NWSL deberá presentar informes semestrales durante los próximos tres años, en los que detallará el cumplimiento de los cambios en el protocolo de seguridad y señalará cualquier nueva denuncia por conducta indebida.

La comisionada de la NWSL, Jessica Berman, reconoció la valentía de quienes dieron un paso al frente y declaró: “Seguimos agradecidos a las numerosas personas valientes que han dado un paso al frente para compartir sus experiencias, lo que ha influido en nuestro enfoque de la reforma sistémica. La NWSL se enorgullece del trabajo que hemos realizado, en colaboración con la Asociación de Jugadoras de la NWSL, para establecer el estándar de las ligas deportivas profesionales”.”

El acuerdo representa un paso en la dirección correcta para abordar los problemas sistémicos del fútbol femenino. Según la fiscal general de Nueva York, Letitia James, el acuerdo “envía un mensaje claro de que no se tolerará este tipo de conducta indebida y garantiza que las jugadoras reciban la compensación y la protección que merecen”.”

A pesar del fondo de $5 millones y de las reformas implementadas, es probable que el impacto de este escándalo se sienta durante años. El valor de los jugadores que alzaron la voz no solo ha llevado al acuerdo, sino que también ha desencadenado un debate más amplio sobre la seguridad de los jugadores y la responsabilidad en los deportes profesionales.

De cara al futuro, la NWSL afirma estar comprometida con la reconstrucción de la confianza, la garantía de la seguridad de las jugadoras y la creación de una cultura de respeto. La supervisión que ejercerán los fiscales generales desempeñará un papel crucial a la hora de exigir responsabilidades a la liga y prevenir futuros casos de abuso y conducta indebida.

Según la Ley de Empleo y Vivienda Justos de California y muchas otras leyes estatales y federales, el acoso sexual es ilegal. Los empleadores son estrictamente responsables del acoso por parte de los supervisores y también son responsables cuando no toman las medidas adecuadas para proteger a sus empleados.